18 de gener de 2010

Vic

La decisión del ayuntamiento de Vic, sobre los inmigrantes irregulares, es uno de los asuntos que más dificultades me ha acarreado últimamente a la hora de formarme un criterio. Intentaré resumir, telegráfica y asépticamente, como veo los distintos aspectos que gravitan sobre la cuestión:
  • Ante la amenaza que representa el partido de Anglada, los partidos actualmente en el Ayuntamiento toman la iniciativa política de endurecer las condiciones de empadronamiento. El objetivo directo de la medida es enviar el siguiente mensaje a la ciudadanía vigatana: "Somos conscientes del trastorno que ocasionan los inmigrantes irregulares en sus vidas, pero no necesitan votar ustedes al partido de Anglada; nosotros nos haremos cargo del problema"
  • Las instancias superiores -Gobierno central y Generalitat- saben que al Ayuntamiento le asiste la razón formal, pero no pueden reconocerlo. El problema, en las actuales circunstancias de recesión brutal (y seguramente en cualesquiera otras) es materialmente irresoluble; no se puede proceder a una regularización masiva (ni estamos en condiciones ni la CE lo permite) ni retornarlos a sus países de origen ni, mucho menos, expulsarles. Se verán, por tanto, forzadas a emitir sendos dictámenes administrativos (¿y/o jurídicos?) declarando el derecho de los inmigrantes a ser censados en el padrón.
  • Mientras redacto estas líneas leo que "Un informe jurídico da la razón al Ayuntamiento de Vic". Informe que servirá de base a la instancia que dicho ayuntamiento se dispone a enviar a la subdelegación del Gobierno en la que "L’Ajuntament de Vic demana al ministre de l’Interior que informi per escrit dels requisits dels passaports per a l’empadronament de ciutadans estrangers no comunitaris".
  • Conocida la propensión que tiene el poder Judicial a enmendarle la plana al Ejecutivo, es bastante previsible el derrotero que pueden tomar los acontecimientos si -en ausencia de un entendimiento entre Gobierno y Ayuntamiento- el asunto se encauza por la vía de los tribunales de justicia.
¿Cual es la conclusión? A corto plazo solo veo una salida: un acuerdo político entre los partidos civilizados -estatales y autonómicos- en virtud del cual se pueda dar una solución medio honorable al problema. Digo a corto plazo porque, a medio, el fantasma de Le Pen no lo ahuyenta ni Dios.

Hasta aquí -y no me atrevo a ir mucho más allá- el planteamiento formal del asunto. Soy consciente de que me dejo muchísimas cosas en en tintero. Sobre las implicaciones morales y éticas (y sobre cualesquiera otras) me gustaría oír las voces de todo el que quiera participar en el debate al que, esta vez de modo muy especial, invito a cuantos visiten el bloc. Sólo, a modo de sugerencia o provocación, una frase de un artículo leído a Josep Ramoneda: "Me da absolutamente igual que sea legal o no la decisión del Ayuntamiento de Vic. Me parece igual de repugnante"

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PS: Per raons, diguem que històriques, aquest bloc s'escriu en castellà, però seran ben vinguts els comentaris en català (i fins i tot en altres llengües, si som capaços d'entendre-les)

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