Propaganda institucional: una indecencia

Acabo de subir del quiosco y escribo en caliente. Ya se que no es recomendable, pero últimamente ando un poco atareado (y no muy motivado) de manera que si no es así no lo hago.

Es domingo, y con el correspondiente ejemplar del diario (en este caso, El Periódico) viene un libro, de espesor y peso respetable, con el título en portada de "barcelona, capital econòmica", y en el pié: Ajuntament de Barcelona. Papel cuché tamaño A4, 173 páginas con profuso alarde fotográfico, etc. No me importa, ni viene muy al caso, quién o quienes han sufragado, y en qué proporción, el gasto. Seguramente los responsables del ayuntamiento nos argumentarían que el libro no sólo no les ha supuesto un gran dispendio sino que, a lo mejor, incluso han hecho negocio con el mismo (lo dudo). No, no es ese el tema. Es, por encima de todo, un problema de ética, de seriedad, de decencia. Las instituciones no pueden -no deberían- estar al servicio de los partidos que las gobiernan, y esto es, exactamente, lo que está sucediendo. La propaganda institucional es una descarada propaganda al servicio de los partidos. Es una malversación de caudales públicos, por más que formalmente no se pueda calificar como tal.

Desde luego el problema no es nuevo ni se circunscribe, obviamente, al Ajuntament de Barcelona; sin salir del ámbito de Cataluña, desde que tengo memoria democrática, todas las instituciones, pero sobre todo la Generalitat de Catalunya y el Ajuntament, han venido martilleándonos, con todos los medios a su alcance. Desde la "Catalunya cara neta" y "La feina ben feta" o el "Som 6 milions" hasta el "en la sopa punt.cat". Y, por supuesto, el "Gobierno de España" no se queda atrás, faltaría más. En un país que sería el hazme reír de Europa -si la irritación no ahogara la risa- en cuanto a señalización de carreteras, lo único que destaca y queda clarísimo en una obra pública es el letrero que anuncia la institución promueve la obra. Las medidas y tipos de letra del rótulo -estas sí, no las que señalizan la obra y la ruta alternativa- son incluso objeto de minuciosa reglamentación en el Decreto Ley correspondiente.

Uno tendría la tentación de añadir que, estando como estamos en el epicentro de la crisis, ese gasto en la llamada eufemísticamente "publicidad institucional", es más indecente si cabe. Digo sólo "tentación" porque ya no sabemos qué es gasto superfluo, o corriente -que, nos dicen, hay que restringir- y qué es inversión, o inyección de dinero público -que, nos dicen, hay que promover- ¿A quién se lo preguntamos?: ¿A las instituciones...? ¿A los partidos...? ¿A los medios de comunicación que reciben el preciado maná...? ¿A las agencias de publicidad, imprentas o editores que malviven de ello...? ¡País!